El laberinto chapín

Colección Investigación
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Un libro de Alberto Modrego

Su abuela siempre le había mostrado el camino para que anduviera juicioso por la vida: Árbol que crece torcido jamás su raíz endereza. Diosito te va a castigar si sigues andando en pendejadas. Pero desde bien patojito, Marvin venía sufriendo tantos castigos que le llevaron a especular sobre la posibilidad de que la justicia divina se hubiera anticipado como penitencia por las maldades que en el futuro fuera a cometer.
Allí todos sabían que en la institución se infiltraban policías que actuaban como ladrones cuando la ocasión se presentaba, y ladrones que también de vez en cuando hacían de policías. Marvin rápido se dio cuenta que la profesión se había convertido en un disfraz que permitía a los mañosos actuar con impunidad y encubrir sus fechorías. Atendiendo el consejo de su abuela, Dondequiera que fueres, haz lo que vieres, pronto se contagió de la canalla competencia entre grupos de policías que se organizaban y rivalizaban entre sí para asaltar delincuentes y repartirse el botín. A esta práctica tan extendida en la corporación policial se la conocía como “hacer el tumbe”. “Si se presenta el tumbe vos tenés que decidir si le entrás o te ahuevás”.
Decir que la vida de todos ellos giraba en torno a la violencia no es engañar a la verdad. Una poderosa adicción dominaba su existencia sin que ninguno de sus 
sentidos la percibiera: el demonio de la perversidad les incitaba a dar taponazos con el cuete y más de alguien quedaba tieso y encunetado.
En 2006 se cometieron en Guatemala 5885 muertes violentas.
Unos 15 asesinatos al día.
Numerosos informes de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos denunciaban la implicación de elementos de las Fuerzas y Cuer pos de Seguridad en ejecuciones extrajudiciales.

Biografía:

Alberto Modrego (Zaragoza, 1970).
En marzo del 2008 viajó a Guatemala como Inspector del Cuerpo Nacional de Policía para formar parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), establecida mediante acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, con el objetivo de prestar asistencia técnica al Ministerio Publico y a la Policía Nacional Civil en la investigación de delitos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios públicos.
Permaneció en la CICIG hasta junio de 2010 investigando casos de corrupción policial y ejecuciones extrajudiciales.



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