Las sociedades más justas son las que saben adaptar dinámicamente su ordenamiento jurídico a la mutante realidad económica y social. Si esto no se produce, la justicia pierde eficacia. Es realmente ridículo que toda la aportación que hacemos los ciudadanos a la formación del ordenamiento jurídico sea votar una vez cada cuatro años. A diario desperdiciamos millones de neuronas que podrían ayudar a crear una sociedad más justa. En una sociedad compleja en términos de actividad económica y grupos sociales, para que el Derecho cree Ley y no la Ley Derecho necesitamos que los expertos compitan normativa con las instituciones gubernamentales en la formación de las normas. La COVID-19 es una prueba de fallo simultáneo del Estado y del mercado. Para lograr los objetivos descritos, necesitamos herramientas sociales más potentes, como la Competencia Institucional Normativa.
