El autor, jurista con más de treinta años de experiencia profesional en varias ramas del ordenamiento jurídico, y profesor universitario de Derecho, reflexiona sobre esa desconocida Institución Constitucional llamada Fiscalía, a la que no duda en llamar el Mi(ni)sterio Fiscal, para dejar clara la opacidad y grandes dosis de arbitrariedad con la que actúa.
Se muestra totalmente contrario a dejar la instrucción del proceso penal en manos de la Fiscalía, -al depender del Gobierno, y organizada jerárquicamente, sin que los fiscales tengan independencia profesional-, por el grave riesgo que ello supone para la seguridad jurídica, al poder ser utilizada la Institución para fines políticos partidistas, y prestarse a que los delitos cometidos por los partidos gobernantes o sus dirigentes no sean debidamente investigados y sancionados.