La participación de las familias tiene que ser considerada una variable y un factor importante de y para la calidad de la enseñanza y un beneficio para el alumnado. Más aún cuando enmarcamos nuestro trabajo dentro de un Centro de Acción Educativa Singular (CAES), donde encontramos un 85 % de familias y alumnado extranjero e inmigrante, de diferentes nacionalidades (marroquí, rumana, colombiana y argelina) y en gran número pertenecientes a etnia gitana de origen español y rumano, con pocos recursos socio-económicos y bajo nivel socio-cultural, y para quienes, por ende, el colegio es considerado como un servicio asistencial y no como el lugar y proyecto educativo compartido. Pero para lograr el éxito tenemos que conocer y apretar las teclas correctas para que realmente sea posible, ya que la participación de las familias en el proyecto educativo de los centros de sus hijos e hijas queda prescrito y regulado por nuestras leyes vigentes, tanto como un derecho así como un deber.