La violencia contra la mujer incluye cualquier acción o conducta basada en su género, que cause su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito privado como en el público. Por tanto, las autoridades son los principales actores responsables cuando concurre el silencio, la omisión y negligencia al no aplicar los mecanismos de protección necesarios, ante estos ataques gravemente generalizados. Esta situación obliga a la mujer a huir y desplazarse, ya sea de una comunidad a otra, o de un continente a otro para salvaguardar su vida, su integridad física y psicológica, así como la de sus hijos e hijas. De ahí la importancia de que se les garantice la protección internacional del derecho humanitario y que la violencia de género y feminicida sea reconocida como desplazamiento forzado, crimen de lesa humanidad y genocidio.