El comienzo de la II República, el 14 de abril de 1931, supone un punto de inflexión en las relaciones entre la gran mayoría de trabajadores y los detentadores del capital y los medios de producción. Con la Constitución republicana de 1931, se consiguen cambios sociales tales como el derecho a la educación de grandes sectores de la población, que hasta entonces les había estado vetado, la reducción de la jornada laboral y el derecho al descanso dominical, lo que iba a suponer, no solo la ilegalidad de trabajar los días festivos, sino también la imposibilidad de contratar a trabajadores de otros municipios para contrarrestar el bajo coste de los sueldos pagados por la precariedad laboral y gran paro que acuciaba a inmensa mayoría de los jornaleros del Baja Andarax. Sin embargo, el cambio fundamental se manifiesta en torno a los derechos de la mujer, con la desaparición de la tutela masculina, divorcio y el derecho al voto en los sufragios para la elección de representantes en los centros de poder político. Otro de los objetivos fundamentales de los primeros años de la República fue la Reforma Agraria, la que se puso en marcha con el fin de poner en producción grandes zonas de campos que permanecían improductivos, mientras los jornaleros arrastraban una vida miserable ante la indiferencia de los que controlaban los campos de cultivo y con ello el poder económico. La guerra civil supuso una ruptura de la legalidad otorgada en las urnas y un periodo de transición entre una época de esperanza y otra de resignación y sufrimiento, motivada por la represión que los militares sublevados infligían a amplias capas de la población civil. La memoria de los que sufrieron represión es un objetivo fundamental de este trabajo, que pretende educar en la verdad desnuda de toda manipulación histórica, que ésta sea conocida por las nuevas generaciones, para de esta forma poder valorar los logros de la democracia en contraposición de los autoritarismos del pasado español.